En el presente acápite reseño de manera sintética en qué está la
investigación judicial sobre la muerte de Charles Horman, tanto en Estados
Unidos como en Chile.
En Estados
Unidos
Como he indicado en otra parte el padre de Horman, Edmund Horman, y su viuda, Joyce Horman,
con el patrocinio del Center for Constitutional Rights de los EEUU,
interpusieron una demanda contra Henry Kissinger y otros (entre ellos Frank Purdy, Cónsul General de EEUU en Chile en 1973, James Anderson,
Vicecónsul, y Ray E. Davis, Capitán de Navío y jefe del grupo militar de EEUU
en Chile para el Golpe). Esto fue en octubre de 1977, pero sólo a comienzos de
1979 “fueron a la Corte”, como lo ha reconocido Joyce Horman (el padre de
Horman falleció en 1994), gracias a mi autorización notarial (“affidavit”) que permitió la primera
desclasificación, aunque parcial, de documentos secretos del Departamento de
Estado y de la CIA sobre el caso. El juicio está caratulado como “Horman et al.
versus Kissinger et al., Civil Action 77-1798”, en la Corte del Distrito
Federal de Columbia, en Washington. El texto íntegro de la demanda puede leerse aquí.
El caso fue sobreseído temporalmente en 1980, pero con la posibilidad
de ser reabierto en caso que surjan nuevos antecedentes relevantes.
"Debido a la no entrega de documentación pedimos el sobreseimiento, sin
perjuicio que se pueda reabrir si logramos más información", declaró la
viuda al periodista chileno Cristián Opaso en 1996.
Si bien había expectativas de que la masiva desclasificación de
documentos secretos estadounidenses realizada el 30 de junio de 1999 por el
Gobierno de Clinton podría entregar nuevos antecedentes, muy poco se sacó en
limpio, manteniéndose información clave bajo reserva, arguyéndose las
consabidas sinrazones de “seguridad nacional”. En particular, documentos
desclasificados de la CIA brillaron por su ausencia, como lo subrayó la viuda en
carta al entonces Delegado Presidencial para asuntos de Seguridad Nacional,
Sandy Berger. En dicha carta, Joyce Horman
concluye:
“To my knowledge, not a single Justice Department document specific to Charles Horman was
released on June 30th. We expected to see Justice Department files relating
to our law suit, Horman vs. Kissinger et.al declassified. These would include
records of meetings between the Assistant U.S. attorney and officials at the
Pentagon, as well as the CIA and other agencies. Routing records for any
documents shown or provided to the Justice Department by the U.S. military, the
CIA or any other agency that provided documents should have turned up along
with briefing notes, memoranda of conversations, and other documents. Such
documents would advance our knowledge of the holdings and history of these
agencies and their relation to my husband's case in Chile. Where are these files? Finally, not a single National Security
Council document was released on Charles Horman on June 30th. Can it be that
with the level of controversy generated by the death of this U.S. citizen in
Chile in the fall of 1973, and again in the summer of 1976, and by our lawsuit
in 1977, 1978, there were no discussions or inquiries or memos generated by top
foreign policy officials in the Nixon, Ford and Carter administrations? That is just difficult to believe, let
alone accept”.
Difícil de creer, difícil de aceptar. Pero hasta ahora ha sido imposible avanzar en justicia para Charles
Horman en EE.UU. porque, tal como hace 40 años, la información clave de
agencias oficiales de Estados Unidos sigue siendo denegada a la familia de la
víctima. Más antecedentes sobre el caso judicial en Estados Unidos puede
consultarse en el sitio web de la Fundación Horman.
En Chile
En diciembre de 2000, Joyce Horman interpuso una querella ante los
tribunales chilenos por la muerte de su marido. Se querelló contra siete
personas con nombre y apellido y contra todos quienes pudieran tener
responsabilidades en el asesinato de su esposo. Los querellados fueron:
- General
Augusto Pinochet, ex Comandante en Jefe del Ejército y Presidente de la
Junta Militar a septiembre de 1973.
- Coronel
Victor Hugo Barría Barría, Subjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército
(DINE) en 1973.
- General
Herman Brady Roche, ex Comandante de la II División de Ejército y Fiscal
Militar en 1973.
- Coronel
Jaime Espinoza Ulloa, ex Comandante del Campo de Prisioneros del Estadio
Nacional en 1973.
- Pedro
Espinoza Bravo, Mayor de Ejército en 1973.
- Ariel
González Cornejo, Capitán de Navío, I. M. (Infantería de Marina),
integrante del Estado Mayor de la Defensa Nacional en 1973.
- Luis
Contreras Prieto, Mayor de Ejército.
El caso lo vio inicialmente el juez Juan Guzmán Tapia. Hasta Henry
Kissinger fue instado a responder un cuestionario enviado por el juez Guzmán,
transmitido vía exhorto por la Corte Suprema. Conocedor a fondo del caso, el
juez Guzmán ni siquiera me llamó a declarar, aunque la viuda de Horman había
consignado mi nombre como un posible testigo de la parte querellante.
En 2003 el caso fue traspasado al ministro de fuero Jorge Zepeda
Arancibia. A los pocos meses, en mayo de ese mismo año, el juez dictó arraigo
en mi contra, a lo cual ni siquiera apelé porque soy inocente y supuse que al
poco tiempo quedaría anulado por sí solo, lo cual, de hecho, así ocurrió. Hasta
ahora, en lo esencial, Jorge Zepeda ha pronunciado dos dictámenes. Uno, a fines
de 2003, y otro en 2011. En 2003 me encausó inesperadamente como “cómplice” sin
siquiera entonces identificar a los supuestos autores ni las circunstancias de
la muerte de Horman (puede consultarse el dictamen aquí). Sin embargo, la Sala de la Corte de Apelaciones, presidida por el Ministro Carlos Cerda, dictaminó por tres votos a cero que se me concediera la libertad bajo fianza, se me diera conocimiento del sumario y se incluyeran en el expediente judicial mis tres cartas de honorabilidad que tuvieron a la vista (del ex Presidente de CARITAS-Chile, P. Baldo Santi, del ex Premio Nacional de Ciencias, Héctor Croxatto Rezzio, y del ex Senador Alberto Jerez Horta). Pues bien, al regresar de vacaciones Zepeda Arancibia arrancó las tres cartas de honorabilidad ya cosidas y foliadas con sus respectivos números. ¿Es esta una conducta imparcial en el marco de un debido proceso?
¿Y qué decir de los “cuadernos secretos” del proceso que
el juez Zepeda mantiene bajo siete llaves "por razones de Estado"? A
estas alturas del siglo XXI, ¿puede alguien creer que la existencia y la
seguridad misma del Estado de Chile pueden verse comprometidas en este proceso
judicial? Es lo mismo que se preguntan los abogados, familiares y amigos de los
asesinados y torturados en Colonia Dignidad, cuyas cuarenta mil fichas aún son
mantenidas en secreto por Zepeda desde hace casi diez años, otra vez por "razones
de Seguridad de Estado". ¿Acaso no sabe todo Chile (incluyendo a estas
alturas a la "Corporación de Amigos de Colonia Dignidad") que allí se
torturó, violó y masacró a detenidos políticos y aun a colonos, aparte de los
innumerables actos de violencia contra niños? [Actualización abril de 2014: presionado por organizaciones de derechos humanos el juez Zepeda solo se decidió a hacer públicas esas fichas el 7 de abril de 2014, luego de mantenerlas en calidad de secretas desde 2005. Es decir, los sitios de memorias y agrupaciones de DD.HH. lanzaron la campaña
"No más archivos secretos", gracias a la cual Zepeda no pudo mantener
el velo que encubría la información relativa a horrorosos crímenes cometidos en
Colonia Dignidad y otros centros de tortura y muerte
(http://www.londres38.cl/1937/articles-95852_recurso_pdf)].
Ocho años después, en 2011, el juez Zepeda encausó como autores a dos
personas: el Coronel Pedro Espinoza
Bravo, quien para septiembre de 1973, con grado de Mayor, dependía del
General Lutz, por entonces director del Servicio de Inteligencia Militar (DINE,
más conocido como SIM), y el oficial naval (jubilado) de EEUU, el capitán de navío Ray E. Davis,
Comandante del Grupo de la Misión Militar de Estados Unidos en Chile al momento
del Golpe. Por último, en abril de 2012, la Corte Suprema dio curso a la
solicitud de extradición del estadounidense Ray Davis. El auto de procesamiento
(de 33 páginas) se puede leer aquí.
¿Asunto resuelto? Lamentablemente no.
Por una parte, aún hoy todo permanece nebuloso. Eso no lo digo yo; lo
dice alguien muy cercano a la parte querellante: aunque el caso aparenta avanzar,
“los detalles sobre su muerte [de Horman] y por qué fue asesinado aún están
nebulosos” (are still murky), ha señalado recientemente Peter Kornbluh, autor de The Pinochet File: A Declassified Dossier on
Atrocity and Accountability y ligado a la Fundación Horman. Ya en 2011,
tras conocerse el dictamen de Zepeda contra Davis y Espinoza, Kornbluh había subrayado que el juez aún tenía que presentar “evidencias concretas”.
Hasta Punto Final,
periódico ligado al MIR, se extrañó de que Zepeda no fundamentara ni dijera
nada sobre la actuación de Pedro Espinoza en su dictamen: “En la resolución de
33 páginas del ministro Zepeda no se revela el papel exacto que cumplió
Espinoza […] ni tampoco qué funciones tenía cuando ocurrieron los hechos”.
En un pasaje medular de su auto de procesamiento contra Espinoza y
Davis, el juez Zepeda señala que “la decisión de dar muerte a Charles Horman
Lazar, por tratarse de un detenido extranjero, se dispone por el Departamento
II del Estado Mayor de la Defensa Nacional, dependiente del General de Ejército
Augusto Lutz Urzúa, y se ejecuta por el Batallón de Inteligencia Militar o
Cuartel de Inteligencia del Ejército, a cargo de determinado oficial de esa
repartición [¿Pedro Espinoza?] encargado de supervigilar la ejecución de
detenidos”.
Esta
y otras flagrantes desprolijidades del juez Zepeda han llevado a pensar incluso
a personas cercanas a la parte querellante que (dejando de lado la invención
del supuesto “Batallón de Inteligencia”) el juez se puede haber confundido
entre el ahora Coronel Pedro Espinoza Bravo (pero en aquel entonces Mayor) y el
entonces Coronel Jaime Espinoza Ulloa, ex Comandante del Campo de Prisioneros
del Estadio Nacional, quien aparece ampliamente mencionado en el auto de
procesamiento, a diferencia de Pedro Espinoza Bravo. ¿Se “confundió” el
juez Zepeda? ¿Puede haber un juez tan incompetente como para llegar a tal
extremo? Naturalmente, las desprolijidades de Zepeda y su eventual
incompetencia corresponden ser evaluadas por sus pares del Poder Judicial. Pero
si no se equivocó, y efectivamente se propuso encausar como autores a Ray Davis
y a Pedro Espinoza sin aportar pruebas ni testimonio alguno al respecto, la
hipótesis de que simplemente haya escogido a un par de “figuras simbólicas” de
la doble mano involucrada en la muerte de Horman, es decir, agentes de
inteligencia estadounidenses y uniformados chilenos, no parece descabellada.
Cuando hablo de las “flagrantes desprolijidades” del juez Zepeda no
exagero. En su dictamen de 2003 incluso llega a decir que el cuerpo de Horman
fue ubicado en marzo de 1973, esto es, ¡seis meses antes de su muerte!: […] “Lo
que el funcionario militar cumple el día 21 de marzo de 1973, en horas de la
mañana, procediéndose, luego de preparar el cadáver, a su traslado a los
Estados Unidos de Norteamérica”[3].
No se trata de desprolijidades nimias, errores “de tipeo” o cosas por
el estilo, sino también de cosas que afectan la posibilidad misma de establecer
los hechos e impartir justicia. Prueba de ello es que al solicitar la
extradición de Ray Davis a Estados Unidos en 2011, no realizó las indagaciones
mínimas, pues de hecho el Sr. Davis
acaba de morir tranquilamente en Santiago de Chile el 30 de abril de 2013,
a los 88 años, como lo reveló en septiembre de este año el New York Times.
¿Cómo es posible que un juez de la República demande la extradición de
alguien que vive en Chile? Y lo que es peor: ¡que por su desidia no logre
detenerlo e interrogarlo cuando aún era posible hacerlo! Nuevamente, el reclamo no viene sólo de mi
parte. Joyce Horman (para todo efecto, la parte querellante) acaba de señalar
al New York Times: “How is it that no
one notified the Chilean court system or the U.S. Embassy that Ray Davis was in
Chile, when it now looks like he had been in Chile for a year or so?”. Para concluir, por cierto: “This is not normal”.
En lo que respecta al Coronel Pedro Espinoza, hasta ahora, que yo
sepa, sólo existe un indicio, cuya
verosimilitud, sin embargo, nunca ha sido comprobada, que lo liga al caso
Horman. Aparentemente Zepeda no lo conoce, porque no lo menciona en su auto
de procesamiento (aunque sí menciona otros documentos desclasificados que no
aluden a Espinoza). Se trata de un par de memorandos intercambiados por la
Embajada de Estados Unidos en Santiago y el Departamento de Estado (en
Washington) en 1987, desclasificados
en 1999, en que se hace mención a un oficial (al parecer ya retirado) de la
FFAA chilenas, quien se habría acercado a la embajada estadounidense en busca
de protección. En dicha ocasión, les aseguró a agentes de inteligencia
estadounidenses que Horman había sido llevado a la Escuela Militar, donde fue
interrogado, y posteriormente al Estadio Nacional, donde, según el informante,
fue asesinado al anochecer del 19 de septiembre por orden del Mayor Pedro
Espinoza Bravo. En esa ocasión Michael Armacost, funcionario del Departamento
de Estado, cuestionó la credibilidad del informante (cuyo nombre aparece
tachado en los dos documentos desclasificados), sin descartar, con todo,
enteramente su versión, y reconociendo que por primera vez se mencionaba a
Pedro Espinoza en este caso. Los memos en cuestión pueden consultarse en el
National Security Archive, de la George Washington University, aquí.
¿Quién fue tal informante? ¿Fueron sus declaraciones en 1987 una
simple triquiñuela para obtener apoyo de los estadounidenses, como ellos mismos
se preguntan en uno de los dos documentos desclasificados? No hay que olvidar
que a septiembre de 1973 el entonces Mayor Pedro Espinoza aún servía bajo las
órdenes del Gral. Lutz, quien, por su ética y su conocida cercanía con el
Gobierno legítimamente constituido del Presidente Allende, no hubiera dejado
pasar que un subalterno cometiera un crimen bajo su mando; si ese hubiera sido
el caso, probablemente lo habría llamado a retiro o lo habría sometido a un
Consejo de Guerra. Además, es un hecho acreditado que el 19 de septiembre el
cuerpo de Charles Horman ya estaba hacía 24 horas en refrigeración en el
Servicio Médico Legal. Por ahora, sólo el Departamento de Estado de los EEUU
está en condiciones de responder a la pregunta de quién fue ese informante de
1987, y hasta ahora no lo ha hecho. Obviamente la justicia chilena tiene que
solicitar al gobierno estadounidense que coopere con el caso y que revele el
nombre tachado del supuesto oficial chileno, para así interrogarlo si aún
estuviera vivo.
* * *
A 40 años del asesinato de Charles Horman, los procesos judiciales
abiertos en Estados Unidos y en Chile parecen estar en punto muerto. En Estados
Unidos el caso sigue sobreseído temporalmente, a la espera de nuevos
antecedentes que, al menos, el Departamento de Estado y los organismos de
inteligencia (léase principalmente la CIA) se niegan a entregar. En Chile,
aunque hay un par de acusados como autores, uno acaba de morir en Santiago sin
que el juez que lleva la causa lo hubiera siquiera interrogado (Ray Davis) y el
otro, a falta de antecedentes en el proceso, más bien parece haber sido
encausado por ser una figura emblemática de las violaciones a los derechos
humanos bajo la Dictadura (Espinoza Bravo) antes que por su eventual participación
en los hechos[4].
De paso, el juez ha intentado involucrarme, sin haber tenido yo ninguna participación
en el crimen, sino, al contrario, siendo el primero en haber alertado públicamente
en 1976 (y, de manera especial, a la propia familia Horman en 1979 por medio de
mi desclasificación) de la connivencia entre agentes de inteligencia
estadounidenses y uniformados chilenos en el caso. No cabe sino reiterar: la
justicia, en este y en todos los “casos”, no puede esperar infinitamente. Si
no, no hay justicia.
* * *
Más elementos sobre el caso Horman en
Chile pueden consultarse en la sección Algunos de los graves errores del juez Zepeda en el caso Horman.
[1] En una entrevista a Kissinger en 2001, con la periodista Elizabeth Farnsworth, se
puede leer: E. FARNSWORTH: You said to me that you hadn't
even known who Charles Horman or any, you didn't know about the Americans…? H.
KISSINGER: […] as far as I have been able to reconstruct, that issue did not reach my level until 1976. But
I could be wrong.
[2] Como
es sabido, la política exterior de los EE.UU. cuenta –y contaba por aquellos
años-- con numerosos detractores, y Henry Kissinger en particular ha sido uno
de los mayores responsables de esta animadversión global. Desafortunadamente
para mí, durante mi estancia en la Cancillería de Italia en Santiago parte del
personal de esta legación decidió aprovechar la visita de Kissinger a Santiago
de Chile en 1976 para provocar un escándalo que hiciera visible el
involucramiento y apoyo de los EE.UU. al golpe de estado y a la dictadura, y
para ello decidieron servirse de mi presencia en esa legación. Mientras me encontraba refugiado en la Cancillería de Italia,
fui obligado por dos funcionarios a decir que en la oficina del Gral. Lutz
había un norteamericano. De no hacerlo sería expulsado del recinto diplomático,
lo cual hubiera significado mi muerte inmediata, pues había orden, no de detenerme,
sino de disparar a matar, lo cual me fue informado indirectamente por Pablo
Navarrete, por entonces Subdirector de Inteligencia de Carabineros.
Una vez en el exilio le conté al Sr. Horman este hecho, y él me solicitó que no
lo hiciera público pues, aparte del juicio por dicha muerte, se iba a hacer una
película basada en el libro, que ya era un best-seller, y perjudicaría
gravemente sus intentos por conocer la participación de organismos de EE.UU. en
la muerte de su hijo. Le prometí no repetirlo a nadie, excepto si era llamado a
declarar a Tribunales, pues allí no mentiría. Edmund Horman se preocupó de que
sus abogados no me llamaran durante los cuatro meses que estuve en EEUU y
durante 30 años cumplí con lo que me solicitara Edmund Horman, no concediendo
ninguna entrevista respecto al caso Horman para no tener que mentir y para no
perjudicar el proceso judicial entablado por la familia en Estados Unidos. Al
ser preguntado al respecto en Tribunales chilenos, y a riesgo de presentar una
verdad discordante con la versión que me vi forzado a dar en la Cancillería de
Italia, respondí con la verdad: que no había ningún americano en la oficina. El
invento de que había un americano era tan burdo como la razón para saber que
era de ese país. Cuando me preguntaron cómo sabía que era un americano tuve que
decir que por sus zapatos ("that type of shoe is not found in
Chile"), a lo cual obviamente se me objetó que muchos chilenos viajan a
EEUU y podrían haberlos comprado ahí. Por lo demás, decir que no había tal
americano es algo que despeja una incógnita en la cual se hubiera podido gastar
tiempo y energía y que no hubiera llegado a nada porque no hubo tal americano.
Jamás hubiera hecho tal declaración voluntariamente, pues aparte de ser falsa,
me perjudicó enormemente, pues el gobierno temió que en caso, de otorgárseme el
salvoconducto, yo podría hacer más y peores declaraciones en su contra. Fue por
esta y otras razones que el ciudadano suizo Dr. Armin Kobel, representante para
América del Sur de la Cruz Roja Internacional, calificó mi estadía en la Cancillería de Italia como "un verdadero infierno".
[3] Esto se puede ver en la parte final
de mi auto de procesamiento del 2003.
[4] No
está de más recordar que el Subdirector de la DINA, desde su creación hasta
1976, fue el Coronel de Aviación Mario Jahn Barrera; sin embargo, en las
condenas a la cúpula de la DINA a menudo se incluye erróneamente a Pedro
Espinoza en ese cargo antes de 1976.
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