JUSTICIA PARA HORMAN,
JUSTICIA PARA GONZALEZ
martes, 22 de octubre de 2013
A modo de presentación
El presente blog, como un grano de arena en el desierto, no tiene otro
propósito que abogar porque se haga justicia
a Charles Horman L., periodista y escritor norteamericano asesinado en Chile en septiembre
de 1973, y, consecuentemente, a mí mismo, en vista de que se me ha pretendido
asignar participación en tal deleznable crimen.
En lo esencial expongo antecedentes —la mayor parte de carácter
público, aunque algunos de ellos poco conocidos— sobre el caso Horman y sobre
las imputaciones que aún hoy me afectan.
El “caso Horman” es ampliamente conocido a nivel internacional, en
particular por la película Missing
(1982)[1], del cineasta griego Costa
Gavras, protagonizada por Jack Lemmon, la cual ganó un Oscar en 1983 (se trata
de una adaptación al cine del libro de Thomas Hauser[2], aparecido en Estados
Unidos en 1978, con el apoyo del padre y la esposa de Horman). Curiosamente, la
película no sólo fue prohibida en Chile bajo la dictadura de Pinochet, como era
de esperarse, sino que también recibió una demanda del ex Embajador de Estados
Unidos en Chile durante el Golpe, Nathaniel Davis, y de dos funcionarios
norteamericanos asignados a dicha embajada en el período en cuestión, Ray Davis
y Arthur Crater, la que finalmente no prosperó.
En cuanto a mí, luego de pasar tres años refugiado junto a mi
esposa y mi hijo de cinco años en una oficina de la Cancillería de Italia en
Santiago (entre 1975 y 1978), pues la extraña conjunción del General Gustavo
Leigh y la DINA se oponían tenazmente a mi salida, estuve exiliado por doce
años en Europa, antes de poder regresar a Chile en mayo de 1990. Para todo
efecto, la ley chilena me reconoce la calidad de exonerado político y, durante
mi exilio, la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados)
y la Cruz Roja Internacional me reconocieron la calidad de refugiado político[3].
Aunque propiamente no hay ni habrá un “caso González”, pues ambas situaciones
son evidentemente incomparables, sí hay una común exigencia de justicia,
que debe prevalecer.
Justicia, insisto, y no blanqueo, pues en lo que me atañe no hay nada
que blanquear.
Rafael A. González B.,
Santiago de Chile, octubre de 2013.
[1] La película puede verse aquí.
[3] Hace algunos años, tras conocerse las imputaciones en mi
contra en el caso Horman, algunas personas instaron a la Oficina de Exonerados
Políticos, dependiente del Ministerio del Interior, a que se me retirara la
calidad de exonerado político y sus beneficios. Lo anterior motivó que la
Coordinadora Nacional del Programa de Reconocimiento al Exonerado Político,
Sra. Natacha Molina (q.e.p.d.), realizara personalmente una acuciosa revisión
de todos los antecedentes en mi carpeta, cuyo resultado fue que se mantuviera
tal beneficio (Res Nº 1408-04).
“To Rafael Gonzalez, a decent and honourable man” Edmund Horman, padre de Charles Horman
La frase que encabeza este acápite fue escrita de puño y letra por el padre de Charles Horman sobre un ejemplar del libro Missing
(escrito por Thomas Hauser[1],
a partir del cual se filmaría luego la película homónima), ejemplar que él
mismo me regaló en Nueva York en enero de 1979. De las circunstancias y del
porqué de esa dedicatoria me refiero a continuación.
Tras refugiarme con mi esposa y mi hijo (por entonces de cinco años)
en dependencias de la Cancillería de Italia en Santiago[2], con la ayuda de un
dirigente del Partido Comunista de Chile[3], y permanecer tres años
asilado en dicho recinto diplomático, al salir al exilio en 1978 (a España) fui
contactado por Edmund Horman, en busca de ayuda para el esclarecimiento de la
muerte de su hijo. Esto lo hacía, por cuanto mientras me hallaba asilado en la
Cancillería de Italia di una entrevista a Frank Manitzas de CBS y Joan Omang
del Washington Post —en 1976, mientras se realizaba una reunión de la OEA en
Santiago a la que vino Kissinger— en la cual señalé haber visto a Charles
Horman a eso de las 18.00 hrs., el 17 de septiembre de 1973 en el noveno piso
del Ministerio de Defensa.[4]
Así, una vez en el exilio en Madrid, en noviembre de 1978 el padre de
Horman me ubicó a través de Miguel Ángel San Martín y Juan Ferrada, ambos
entonces secretarios del ex-Senador socialista Erich Schnake, quienes me
plantearon que Edmund Horman deseaba que le ayudara a aclarar la muerte de su
hijo. Desde la oficina de Schnake en Madrid hablé telefónicamente con Edmund
Horman, quien me invitó a visitarlo a Nueva York, señalándome que él me
enviaría un pasaje de ida y vuelta, que no me preocupara por la estadía pues él
me alojaría en su departamento, y que tampoco me preocupara por mi llegada a
Estados Unidos, es decir, de la policía estadounidense. (Yo tenía fundadas
aprensiones sobre esto último por el trabajo de contraespionaje que había
efectuado contra la CIA durante años, antes y durante el Gobierno de la Unidad
Popular —del cual no fui partidario pero al cual serví lealmente, en momentos
en que los intentos norteamericanos por desestabilizar la economía chilena eran
evidentes, sobre todo tras la nacionalización del cobre). Edmund Horman me
esperó en el aeropuerto de Nueva York junto a su abogado Peter Weiss, en caso
de que hubiera problemas — y de alguna manera los hubo, pues migración me
fotografió de frente y de perfil y me tomó las huellas digitales, cosa que no
se hacía con nadie en aquellos años.
Estuve durante el mes de enero de 1979 en el departamento del señor
Horman. El 10 de enero firmé un affidavit
(una autorización notarial) mediante la cual autoricé la desclasificación de
todos los documentos que tuviera la CIA o el Departamento de Estado relativos a
mi persona en los que se mencionara a Charles Horman.
Si, como se me imputaría años después, yo hubiera tenido la más mínima
participación en el asesinato de Charles Horman, ¿alguien con dos dedos de frente podría pensar que yo iba a estar
autorizando la desclasificación de documentos de la CIA o del Departamento de
Estado en que figurara mi nombre? Mi única motivación para dar tal autorización
fue naturalmente ayudar a la familia Horman en su anhelo por establecer la
verdad y alcanzar justicia.
—» Gracias a esta autorización hubo la primera desclasificación en EEUU relacionada con el caso
Horman y, muy probablemente, la primera desclasificación post-golpe. El detalle
del tipo del material desclasificado en esa ocasión puede apreciarse en la siguiente carta de un
funcionario del Departamento de Estado de EEUU (Malcolm Barnebey, del Bureau of
Inter-American Affairs), fechada el 10 de abril de 1979, y dirigida a John W.
Corwin, del Center for Constitutional Rights de Nueva York. Obviamente, los
documentos desclasificados tenían y siguen teniendo pasajes completamente
rayados (no legibles).
En cualquier caso, dicha desclasificación permitió comenzar a apreciar el grado de involucramiento de entidades estadounidenses
en la muerte de Charles Horman. Aunque agentes estadounidenses no hayan
apretado el gatillo, es claro que existe al menos responsabilidad intelectual y
moral por parte de funcionarios norteamericanos en Santiago en su asesinato. En
lo esencial fue eso lo que yo mismo manifesté ya en 1976, cuando, hallándome
asilado en la Cancillería de Italia en Santiago, me entrevistó la cadena CBS y
el Washington Post, y es lo que en
1978 argumentaría a su modo el libro Missing
de Thomas Hauser[5]
e, incluso, es lo que tres agentes de la embajada de Estados Unidos en Santiago
reconocen en un memorándum fechado el 25 de agosto de 1976 (desclasificado en 1979 y vuelto a desclasificar con mayores detalles,
aunque no por entero[6])
en el cual reaccionaban a mis declaraciones al Washington Post y CBS. En un pasaje de dicho
documento textualmente se lee: "There is some circumstantial evidence to
suggest U.S. intelligence may have
played an unfortunate part in Horman's
death. At best, it was limited
to providing or confirming information that helped motivate his murder by the GOC [Government of Chile].
At worst, U.S. intelligence was
aware the GOC saw Horman in a rather serious light and U.S. officials did
nothing to discourage the logical outcome of GOC’s paranoia" (subrayo). Es decir, los propios agentes de inteligencia norteamericanos
estimaron (en 1976) que sus antecesores en la embajada de EEUU en Santiago (en
1973) tanto en “el mejor” como en “el peor” de los casos contribuyeron de algún
modo al asesinato de Charles Horman. Que este se lo hubieren achacado entonces
a la “paranoia” del gobierno que ellos mismos habían ayudado a instalar, y todo
eso debido a la previa y primordial “paranoia” de Nixon y Kissinger (asunto bien documentado por el Informe de la Comisión Church del Congreso estadounidense en 1975) no deja de resultar
absurdo[7].
—» Gracias a mi autorización (affidavit), como lo ha señalado la propia viuda de Charles Horman,
Joyce Hamren de Horman, ella y el padre
de Horman estuvieron en condiciones de “ir a la corte” en el juicio contra
Henry Kissinger y otros, por su eventual responsabilidad en la muerte de
Charles Horman (Horman et al. versus Kissinger et al., Civil Action 77-1798, de
1977). En entrevista a CNN,
Joyce Horman declaró el 20 de junio del 2000: “We did not go to court, however,
until Rafael Gonzalez gave as an affidavit”. Asimismo, en declaraciones judiciales en Chile (ante el juez de fuero
Jorge Zepeda Arancibia), Joyce Horman confirmó que yo les ayudé en el juicio
contra Kissinger y la CIA por mi propia voluntad, sin que me pagaran un peso
(lo confirmó en Tribunales, ante una pregunta del juez Zepeda al respecto), lo
que es obvio, pues si yo les hubiera solicitado dinero por mi testimonio el
padre de Horman jamás habría escrito “To Rafael Gonzalez, a decent and
honourable man”[8].
* * *
[1] Thomas Hauser también me dedicó el libro de puño y
letra escribió: “For Rafael Gonzalez – with the knowledge that Chile will again be free and
better men will guide her way. / Warm wishes. ThomasHauser”.
[2] Después de mis palabras ante la prensa
sobre el caso Horman, esta información se difundió por todas las agencias
periodísticas, produciéndose un tremendo escándalo. El Senador Edward Kennedy y
27 diputados de EEUU solicitaron mi liberación. Como consecuencia, la DINA
preparó un operativo para ingresar a la legación de Italia, violando la
inmunidad diplomática del recinto, lo cual fue al cabo desarticulado para
evitar un escándalo mayor para el Gobierno. Este
mismo intento de la DINA por entrar a la Cancillería de Italia me lo confirmó
Erich Schnake en Madrid en 1979.
[3] La
noche anterior a mi asilo la pasé junto a mi familia en la calle Mayflower,
cerca de Diego de Almagro, en la casa del ex Secretario del Regional Norte del
Partido Comunista, Octavio Abarca Gilbert (a quien conocía desde 1959). Él
mismo se preocupó de conseguirme refugio en las oficinas de la Cancillería de
Italia (calle Triana 843, Providencia), pues su esposa, María Pía Castelli, era
ciudadana italiana y trabajaba allí desde hacía años.
[4] Específicamente
en la oficina del General Augusto Lutz, Director de Inteligencia Militar
(DINE, también conocida entonces como SIM), cuya muerte un año después
(noviembre de 1974), fue decidida casi con toda seguridad con el conocimiento
del propio Pinochet. Al respecto, se puede consultar el libro Años de viento sucio, 1999, de su hija
Patricia, reconocida periodista anti-pinochetista, donde da cuenta de cómo Lutz
intercedió por el ex senador socialista Erich Schnake y otros militantes de
izquierda en aquellos años. Su simpatía hacia Allende era conocida así como su
cercana amistad con el médico Enrique París, quien era su siquiatra, además de
miembro del Comité Central del P.C. París, como se sabe, fue un resistente en
la Moneda el 11 de septiembre de 1973, y fue ejecutado al día siguiente en
Peldehue por órdenes del Gral. Herman Brady, como quedó establecido en la
investigación judicial que se siguió con el regreso de la democracia. Mi
testimonio judicial contribuyó de manera relevante a establecer las
responsabilidades en las muertes de quienes acompañaban al Presidente Allende y
al Dr. París ese día. Lamentablemente, hasta hoy día sigue sin aclararse quién
asesinó al ex Director de la Policía de Investigaciones Eduardo Paredes, ya que
estaba en la vereda de Morandé 80, tendido junto a los demás que fueron
llevados al Regimiento Tacna y asesinados el día 12 en Peldehue. Sin embargo,
sus restos fueron encontrados en un patio del Cementerio General. El Comandante
y/o el Vicecomandante del Regimiento Tacna deberían declarar en Tribunales
(antes de que fallezcan) a quién le entregaron vivo al doctor Eduardo Paredes,
para que se haga justicia después de más de 40 años.
Por lo
anterior, considero altamente improbable que el Gral. Lutz haya tenido parte en
la muerte de Charles Horman; es más probable que alguien, al hacer llevar a
Horman unos pocos minutos a su presencia el 17 de septiembre, le tendiera una
trampa. En esa ocasión, Lutz, que no era mi superior (pues la DINE no tenía
autoridad sobre el Departamento II, Inteligencia, del Estado Mayor de la Defensa Nacional, E.M.D.N.), pero que sí me
conocía pues había sido mi superior en el E.M.D.N años atrás, me llamó por
citófono. En la antesala de la oficina del Gral. Lutz pregunté con quién estaba
el General y se me respondió que con un “gringo”, por lo que pensé que
necesitaba alguien que hablara bien
inglés, como era mi caso y Lutz lo sabía, pero al entrar a su oficina vi que
Horman se daba a entender en castellano. Entonces el Gral. Lutz me dirigió la
mirada y dijo: “este es el ciudadano americano Charles Horman”. Entonces
entendí que lo que quería era que averiguara si había algún antecedente sobre
él en mi Servicio, el E.M.D.N. Salí de la oficina de Lutz, llamé por citófono
al Departamento II, desde donde se me informó que no había nada sobre alguien
de apellido Horman o Gorman (es lo que han corroborado ante el juez los jefes del
Departamento II del E.M.D.N. en 1972 y 1973, años en los que el sr. Horman estuvo en Chile). Al volver a la
oficina de Lutz, Horman ya venía saliendo; no debe haber estado más de unos
pocos minutos en esa oficina, por lo cual es inverosímil que ahí se le hiciera
un interrogatorio, como sostiene aún hoy el juez que lleva el caso. Si estos
hechos constan en el expediente es únicamente porque yo los di a conocer ya en
1976 y, luego, en las instancias judiciales correspondientes; si yo hubiese
tenido alguna participación dolosa o culpable en la muerte de Horman,
obviamente los hubiese callado. Si los expuse es porque siempre he pensado que
así contribuía a determinar la única circunstancia conocida de algún lugar en
que Horman fue visto antes de su muerte.
[5] En un
pasaje del libro Missing se recogen
las siguientes declaraciones del padre de Charles Horman: "La auténtica
responsabilidad de la muerte de mi hijo está en la propia embajada de EE. UU.
Su vida fue sacrificada para encubrir las actividades estadounidenses en
Chile".
[6] Incluso en el
año 2000 (esto es, después de la desclasificación de 1999 autorizada por el
Presidente Clinton, tras el arresto de Pinochet en Londres), en carta a Sandy
Berger, Assistant to the President for National Security Affairs, Joyce Horman
le reclamó la falta de entrega de documentos claves, especialmente de la CIA,
así como la persistencia de pasajes no desclasificados : “I must respectfully
share with you however, my disappointment at the lack of quality and quantity
of the documents released last month [...] The CIA is a case-in-point. The agency released only
six previously classified documents specific to my husband's murder”. Para más detalles de esta
carta puede consultarse el sitio web de la Charles
Horman Truth Foundation y, más específicamente, en: http://www.hormantruth.org/ht/sampleletter
[7] Sobre
paranoia y política en el caso estadounidense, se puede consultar el libro del
historiador Richard J. Hofstadter: The
Paranoid Style in American Politics, and Other Essays (1964), donde, entre
otros aspectos, analiza las raíces históricas del macarthismo.
[8] Como Missing
de Thomas Hauser se publicó en 1978, esto es, antes que Edmund Horman me
conociera y dispusiera de los antecedentes que le aporté, el libro contenía
serias inexactitudes con respecto a mí, pues entre otras cosas se dejaba
entender que había colaborado con los militares en la preparación del Golpe y
que había tenido nexos con la DINA, ambas aseveraciones sin fundamento alguno.
Con respecto a lo primero, hay documentos notariales y testimonios de
dirigentes de la Unidad Popular en que se reconoce que en diciembre de 1972 le
advertí al entonces Subsecretario del Interior, Daniel Vergara y su Secretario
Antonio Valladares, que, de no hacer cambios cruciales en la economía del país,
la situación desembocaría en un Golpe de Estado en Septiembre de 1973 (omito
ahora detalles de mi informe, en el que analizaba también el alcance de las
acciones de sabotaje a la economía nacional por parte de sectores apoyados por
intereses norteamericanos). En ese momento yo no tenía conocimiento de lo que
tramaban el Almirante Merino y el General Yovane, Prefecto de Carabineros en
Valparaíso, pero llegué a la conclusión de que septiembre de 1973 sería el
momento más probable, ya que en esa fecha las FFAA podrían contar, en caso de
ser necesario, con el apoyo de fuerzas de EEUU que se encontrarían apostadas en
Chile durante la Operación UNITAS. Cuando informé de esta situación fui
acompañado por mi amigo Octavio Abarca Gilbert. En cuanto a lo segundo, es demasiado evidente que jamás tuve nexos con la DINA
y que, al contrario, como el ex Senador Erich Schnake lo pudo comprobar, sufrí
en carne propia su persecución. En vista de esto, Edmund Horman, en enero de
1979, se comprometió a corregir esos aspectos en una futura reedición del libro
de Hauser, así como también la referencia errada y anacrónica respecto a que en
1973 el Jefe de la Misión Militar de Chile en Washington, Gral. Ernesto Baeza,
me habría indicado que regresara a Chile porque se produciría un Golpe. Lo
cierto es que el Gral. Baeza estaba en Chile en marzo de 1971 y el Agregado Militar en Washington en 1973 era el Gral. Ervaldo Rodríguez. En cualquier
caso, resulta claro que si Edmund Horman y Thomas Hauser hubieran seguido
pensando, tras conocerme en 1979, que yo había sido golpista y ligado a la
DINA, jamás me hubieran escrito las dedicatorias de puño y letra antes
consignadas.
11 testimonios de mi actuación durante la U. P. y bajo la Dictadura
A continuación transcribo pasajes de documentos suscritos por diversos
dirigentes de la Unidad Popular, de un ex estrecho colaborador del Gobierno de
Frei Montalva y de un conocido sacerdote, que acreditan mi actuación antes y
después del Golpe de 1973 (incluyendo nexos a los documentos completos). Si no
hubiese recibido imputaciones con respecto a la muerte de Charles Horman por
parte de cierta prensa chilena[1]
y, lo que es más grave, de un juez de la República, naturalmente jamás habría
sido necesario exponer públicamente estos testimonios.
Se trata de los testimonios de Mario
González Riffo, Presidente del Comité de Exonerados Políticos de las FFAA; Alejandro Ríos Valdivia, ex Ministro de
Defensa del Gobierno de la Unidad Popular; Carlos
Jorquera, ex secretario de Prensa del presidente Salvador Allende; Alberto Jerez, ex Senador (PDC y,
luego, Izquierda Cristiana); Carlos
Morales Salazar, Periodista, Jefe de Seguridad de la Zona Centro del
Partido Socialista en 1973; Guido del
Valle Hermosilla, dirigente de la Asociación de Empleados de la CORFO (en
1973); Carlos Briones Olivos, ex
Ministro del Interior del Gobierno de la Unidad Popular; Guillermo Saez Pardo,
Secretario Político del Partido Comunista de CORFO (en 1973); Otto Boye, ex asesor político del
Ministerio de Relaciones Exteriores y ex Embajador; Juan Ibáñez Elgueta, Periodista, ex Jefe de Informaciones de la
Presidencia (del Gobierno de la Unidad Popular) y ex Consejero Nacional del Colegio de
Periodistas; Baldo Santi, sacerdote
leonardino, ex presidente de CARITAS-Chile.
* * *
Mario González Riffo,
Presidente del Comité de Exonerados Políticos de
las FFAA:
“[V]engo a certificar que conozco al ex agente
del Departamento II del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Sr. Rafael
González Berdugo, y sé por múltiples testimonios que no se vio involucrado en
actos de violación a los derechos de las personas. Muy por el contrario,
arriesgó su integridad física para salvar la vida de las personas reprimidas
por la dictadura, estuvo tres años asilado en una oficina de la Cancillería de
Italia y doce años en el exilio”.
Santiago, el 9 de junio de 2008.
Alejandro Ríos Valdivia,
ex Ministro de Defensa (Gobierno de la Unidad Popular):
“Por la presente declaro conocer al señor Rafael Agustín
González Berdugo, ex jefe Operativo del Dpto. II del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, organismo dependiente del Ministro de Defensa, y por mi cargo de
Ministro me correspondió un trato frecuente con él.
Por lo anteriormente expuesto, certifico que el
señor González fue un eficiente, leal e incorruptible colaborador del gobierno
de aquella época, específicamente, en la lucha contra el sabotaje económico que
se implementó desde el extranjero”.
Santiago, 23 de noviembre de 1996.
Carlos Jorquera Tolosa,
ex secretario de Prensa del presidente Salvador
Allende:
“Con mucho orgullo certifico, por la presente, que conozco al señor
Rafael González Berdugo, con quien me une una deuda de gratitud que no me es posible
mensurar en palabras y que, estoy absolutamente cierto, también compromete en
alto grado el proceso de recuperación democrática del país”.
Santiago, 24 de diciembre de 1990[2].
Alberto Jerez,
ex Senador (PDC y, luego, Izquierda Cristiana):
“Me consta que a
Rafael González Berdugo le deben la vida numerosas personas de todos los
partidos de la U. P., y ello desde el mismo 11 de septiembre en la Moneda,
cuando se negó a ejecutar a Carlos ‘el negro’ Jorquera. Además, en una
oportunidad en mi departamento Volodia Teiltelboim y un funcionario del P.C.
reconocieron con nombre y apellido a más de 29 militantes del P.C. que le
debían la vida a Rafael, y como si esto no fuese suficiente, también
reconocieron que en diciembre de 1972 Rafael le informó a Daniel Vergara, en
ese entonces Subsecretario del Interior, que habría un golpe en septiembre de
1973”.
Santiago, 24 de marzo de 2004
Carlos Morales Salazar,
Periodista, Partido Socialista:
“[F]ui militante del Partido Socialista de Chile y
tuve a mi cargo uno de los equipos de seguridad del partido antes
mencionado, durante el Gobierno de la Unidad Popular y, en tal calidad, certifico que el señor Rafael A. González Berdugo […], ex agente del Estado Mayor de la Defensa Nacional, fue
un leal colaborador de nuestro equipo, sin tener militancia socialista,
trabajando en la investigación de las actividades de sabotaje económico que
implementara la CIA durante ese período.
Me consta además que prestó su valiosa
cooperación respecto al tema arriba indicado, como asesor del entonces Director
de Investigaciones, compañero Eduardo Paredes.
Deseo destacar que, con posterioridad al Golpe
Militar, el señor Rafael González B., liberó del Estadio Nacional y de la
Academia de Guerra Aérea (AGA) a varios compañeros del partido y asimismo
gestionó la libertad de otros que sin esa intervención hoy serían parte de los
desaparecidos.
En mi caso particular, informado que se me
buscaba para detenerme, recurrí a él, y con su ayuda salí a Argentina,
librándome de ser asesinado, ya que éste era el destino reservado a los
miembros de seguridad de cualquiera de los partidos que conformaban la Unidad
Popular”.
Santiago, 4 de diciembre de 1990.
Guido del Valle Hermosilla,
dirigente de la Asociación de Empleados de la
CORFO (en 1973):
“Casi inmediatamente después del golpe militar fui
detenido y llevado al Centro de Detención de Tejas Verdes. Mientras me
encontraba allí detenido, el Presidente Nacional del Comité Político de la
Unidad Popular y sus Comités Sectoriales de CORFO, correligionario Héctor
Ortega Fuentes, le comunicó mi situación al ex Agente del Estado Mayor de la
Defensa Nacional, señor Rafael González Berdugo, quien de inmediato hizo las
gestiones pertinentes para obtener de inmediato mi libertad.
Deseo dejar constancia de que quien suscribe prácticamente no conocía al señor
González a esa fecha, y que me consta [que] no sólo consiguió mi libertad sino
la de numerosos otros compañeros, militantes de todos los partidos de la Unidad
Popular”.
Santiago, 20 de enero de 2005.
Carlos Briones Olivos,
ex Ministro del Interior (Gobierno de la Unidad Popular), y
Alberto Jerez, ex Senador (PDC y, luego,
Izquierda Cristiana):
“Nos honra dejar constancia que decenas de personas,
perseguidos por la dictadura militar, deben su vida al coraje y sentido
humanitario del señor González Berdugo, a riesgo de su propia vida”.
Santiago, 21 de octubre de 1993.
Guillermo Saez Pardo,
Secretario Político del Partido Comunista de
CORFO (en 1973):
“[…] Cualquier persona de buen criterio y/o
experiencia política tenía que percibir en el señor González [Berdugo] un
espíritu democrático, de respeto a los procederes rectos y, si se me permite,
de un pensamiento más cercano a la izquierda que a otras tendencias. […]
Un grupo de unos 70 funcionarios de la CORFO nos
quedamos allí el 11/09/1973 acatando una orientación de la CUT […]
Esto motivó que dos elementos de la Marina me
sometieran a duros apremios físicos, a golpes de puño y rodillas, ejercicios de
precisión con un corvo, simulacro de ahorcarme. […]
Durante mi detención en el Estadio Nacional […] la sanguinaria y estúpida represión de esos días podría haber encontrado
cualquier excusa para llevar mi situación a límites extremos.
No me enviaron a Chacabuco y me pusieron en
libertad al 30 o 31 de octubre de 1973. Ya en libertad me encontré casualmente
con Rafael González y por sus palabras pude explicarme que hubo una mano
solidaria que se preocupó que pudiera saltar todos esos obstáculos y se me hizo
evidente que había sido la mano de Rafael González.
Por otra parte, me consta de varios testimonios de
personas que me merecen toda fe que esta no fue una actuación excepcional de
Rafael González, sino una actitud prodigada a muchos compañeros, que por una
parte confirma la impresión que teníamos de él antes del golpe y al mismo
tiempo explica que esto le atrajera las graves sanciones y riesgos que recibió
de parte de la dictadura”.
Santiago, 21 de diciembre de 2004.
Otto Boye S.,
ex Asesor del Ministerio de RR.EE. (1966-1970) y
ex Embajador (1990-1998);
“[…] Lo conocí muy bien [a Rafael González] cuando
ejercí el cargo de Asesor Político de la Cancillería durante los años del
Presidente Frei [Montalva]. Trabajaba como Agente del Departamento II
Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, encubriendo sus
actividades como funcionario de CORFO.
Colaboró estrechamente con RR.EE., y por las
misiones que realizó en el exterior, generalmente de extremo riesgo personal,
tuve contacto con él y conocimiento de lo que hacía. Me consta de su espíritu
de sacrificio y de su entrega incondicional a los objetivos y tareas de nuestro
gobierno.
A raíz de una de esas misiones, el Presidente quiso conocerlo, y después de eso lo envió a la
Misión de Chile ante la ONU en Nueva York como premio”. […]
Santiago, 17 de diciembre de 1990.
Juan Ibáñez Elgueta,
Periodista, ex Jefe de Informaciones de la
Presidencia (Gobierno de la U.
Popular) y ex Consejero Nacional del Colegio de
Periodistas:
“Rafael [González Berdugo], durante el Gobierno del Presidente Allende prestó inapreciables servicios durante los tres años, especialmente como
asesor del Dr. Eduardo Paredes.
Después del 11 de septiembre, ayudó con gran
riesgo a decenas de importantes compañeros para salir del país o para salvar
sus vidas. Como esta acción fue detectada, debió asilarse en la Embajada de
Italia, donde permaneció durante tres años. Vivió un duro exilio […]
Santiago, 10 de enero de 1991.
Baldo Santi,
sacerdote, ex presidente de CARITAS-Chile:
“[Durante
la Unidad Popular] se le ordenó colaborar con el Director de Investigaciones de
la época, Dr. Eduardo Paredes, con relación al sabotaje económico de la CIA,
cosa que venía haciendo desde hace años y que le había creado numerosos
problemas […]
Con posterioridad a su asilo [en la embajada de
Italia] se supo que, aparte de Carlos Jorquera, muchos otras autoridades y
partidarios del régimen allendista le deben la vida […]
Don Rafael fue exonerado el 2 de septiembre de
1975 y el 3 de septiembre, con la ayuda de amigos, buscó refugio en una oficina
de la Cancillería italiana […] Nunca hubo cargos en su contra, pero el General
Leigh y la DINA se oponían a su salida. En gestiones donde me tocó intervenir, el
General Leigh no le dio su visto bueno.
Extractos del libro Algunos recuerdos de mi vida, Santiago, 2004.
Carta Abierta de Baldo Santi, Presidente de Caritas-Chile y de la Fundación "Para la Dignidad del hombre"; Santiago, enero de 2004.
Carta Abierta de Baldo Santi, Presidente de Caritas-Chile y de la Fundación "Para la Dignidad del hombre"; Santiago, enero de 2004.
[1] No
pierdo tiempo en enumerar la serie de reportajes y notas de prensa aparecidos
en la última década en Chile, en donde diversos periodistas, con un nivel
profesional lamentable, no chequean sus fuentes y repiten como loros hechos
jamás acaecidos y apreciaciones carentes de todo fundamento con respecto al
caso Horman en general y en lo que me atañe en particular. Lo cual no habrá
impedido que, de manera excepcional, haya habido periodistas más serios como
Cristián Opaso (que, entre otras cosas, tradujo parte sustancial del Informe
Church relativo a las acciones encubiertas de la inteligencia de EEUU en Chile;
ver su libro Frei, Allende y la mano de
la CIA, Ed. Ornitorrinco, Santiago, 1990), Ignacio González Camus (ver su
libro: El día que murió Allende,
Catalonia, Santiago, 2013, pp. 316-317), Ascanio Cavallo, Manuel Salazar y Óscar Sepúveda (cf. La historia oculta del régimen militar, Santiago, Uqbar, 2008).
[2] Puede
también consultarse el libro de C. Jorquera El
Chicho Allende (1990), donde relata cómo le salvé de una muerte segura el
11 de septiembre de 1973, y la sección de este blog referida al documental
alemán Der letzte Tag des Salvador Allende
(2004), en el cual aparecemos entrevistados juntos. También se puede consultar
al respecto el ya mencionado libro de Ignacio González Camus, El día que murió Allende (2013).
El caso Horman en Estados Unidos y en Chile
En el presente acápite reseño de manera sintética en qué está la
investigación judicial sobre la muerte de Charles Horman, tanto en Estados
Unidos como en Chile.
En Estados
Unidos
Como he indicado en otra parte el padre de Horman, Edmund Horman, y su viuda, Joyce Horman,
con el patrocinio del Center for Constitutional Rights de los EEUU,
interpusieron una demanda contra Henry Kissinger y otros (entre ellos Frank Purdy, Cónsul General de EEUU en Chile en 1973, James Anderson,
Vicecónsul, y Ray E. Davis, Capitán de Navío y jefe del grupo militar de EEUU
en Chile para el Golpe). Esto fue en octubre de 1977, pero sólo a comienzos de
1979 “fueron a la Corte”, como lo ha reconocido Joyce Horman (el padre de
Horman falleció en 1994), gracias a mi autorización notarial (“affidavit”) que permitió la primera
desclasificación, aunque parcial, de documentos secretos del Departamento de
Estado y de la CIA sobre el caso. El juicio está caratulado como “Horman et al.
versus Kissinger et al., Civil Action 77-1798”, en la Corte del Distrito
Federal de Columbia, en Washington. El texto íntegro de la demanda puede leerse aquí.
El caso fue sobreseído temporalmente en 1980, pero con la posibilidad
de ser reabierto en caso que surjan nuevos antecedentes relevantes.
"Debido a la no entrega de documentación pedimos el sobreseimiento, sin
perjuicio que se pueda reabrir si logramos más información", declaró la
viuda al periodista chileno Cristián Opaso en 1996.
Si bien había expectativas de que la masiva desclasificación de
documentos secretos estadounidenses realizada el 30 de junio de 1999 por el
Gobierno de Clinton podría entregar nuevos antecedentes, muy poco se sacó en
limpio, manteniéndose información clave bajo reserva, arguyéndose las
consabidas sinrazones de “seguridad nacional”. En particular, documentos
desclasificados de la CIA brillaron por su ausencia, como lo subrayó la viuda en
carta al entonces Delegado Presidencial para asuntos de Seguridad Nacional,
Sandy Berger. En dicha carta, Joyce Horman
concluye:
“To my knowledge, not a single Justice Department document specific to Charles Horman was
released on June 30th. We expected to see Justice Department files relating
to our law suit, Horman vs. Kissinger et.al declassified. These would include
records of meetings between the Assistant U.S. attorney and officials at the
Pentagon, as well as the CIA and other agencies. Routing records for any
documents shown or provided to the Justice Department by the U.S. military, the
CIA or any other agency that provided documents should have turned up along
with briefing notes, memoranda of conversations, and other documents. Such
documents would advance our knowledge of the holdings and history of these
agencies and their relation to my husband's case in Chile. Where are these files? Finally, not a single National Security
Council document was released on Charles Horman on June 30th. Can it be that
with the level of controversy generated by the death of this U.S. citizen in
Chile in the fall of 1973, and again in the summer of 1976, and by our lawsuit
in 1977, 1978, there were no discussions or inquiries or memos generated by top
foreign policy officials in the Nixon, Ford and Carter administrations? That is just difficult to believe, let
alone accept”.
Difícil de creer, difícil de aceptar. Pero hasta ahora ha sido imposible avanzar en justicia para Charles
Horman en EE.UU. porque, tal como hace 40 años, la información clave de
agencias oficiales de Estados Unidos sigue siendo denegada a la familia de la
víctima. Más antecedentes sobre el caso judicial en Estados Unidos puede
consultarse en el sitio web de la Fundación Horman.
En Chile
En diciembre de 2000, Joyce Horman interpuso una querella ante los
tribunales chilenos por la muerte de su marido. Se querelló contra siete
personas con nombre y apellido y contra todos quienes pudieran tener
responsabilidades en el asesinato de su esposo. Los querellados fueron:
- General
Augusto Pinochet, ex Comandante en Jefe del Ejército y Presidente de la
Junta Militar a septiembre de 1973.
- Coronel
Victor Hugo Barría Barría, Subjefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército
(DINE) en 1973.
- General
Herman Brady Roche, ex Comandante de la II División de Ejército y Fiscal
Militar en 1973.
- Coronel
Jaime Espinoza Ulloa, ex Comandante del Campo de Prisioneros del Estadio
Nacional en 1973.
- Pedro
Espinoza Bravo, Mayor de Ejército en 1973.
- Ariel
González Cornejo, Capitán de Navío, I. M. (Infantería de Marina),
integrante del Estado Mayor de la Defensa Nacional en 1973.
- Luis
Contreras Prieto, Mayor de Ejército.
El caso lo vio inicialmente el juez Juan Guzmán Tapia. Hasta Henry
Kissinger fue instado a responder un cuestionario enviado por el juez Guzmán,
transmitido vía exhorto por la Corte Suprema. Conocedor a fondo del caso, el
juez Guzmán ni siquiera me llamó a declarar, aunque la viuda de Horman había
consignado mi nombre como un posible testigo de la parte querellante.
En 2003 el caso fue traspasado al ministro de fuero Jorge Zepeda
Arancibia. A los pocos meses, en mayo de ese mismo año, el juez dictó arraigo
en mi contra, a lo cual ni siquiera apelé porque soy inocente y supuse que al
poco tiempo quedaría anulado por sí solo, lo cual, de hecho, así ocurrió. Hasta
ahora, en lo esencial, Jorge Zepeda ha pronunciado dos dictámenes. Uno, a fines
de 2003, y otro en 2011. En 2003 me encausó inesperadamente como “cómplice” sin
siquiera entonces identificar a los supuestos autores ni las circunstancias de
la muerte de Horman (puede consultarse el dictamen aquí). Sin embargo, la Sala de la Corte de Apelaciones, presidida por el Ministro Carlos Cerda, dictaminó por tres votos a cero que se me concediera la libertad bajo fianza, se me diera conocimiento del sumario y se incluyeran en el expediente judicial mis tres cartas de honorabilidad que tuvieron a la vista (del ex Presidente de CARITAS-Chile, P. Baldo Santi, del ex Premio Nacional de Ciencias, Héctor Croxatto Rezzio, y del ex Senador Alberto Jerez Horta). Pues bien, al regresar de vacaciones Zepeda Arancibia arrancó las tres cartas de honorabilidad ya cosidas y foliadas con sus respectivos números. ¿Es esta una conducta imparcial en el marco de un debido proceso?
¿Y qué decir de los “cuadernos secretos” del proceso que
el juez Zepeda mantiene bajo siete llaves "por razones de Estado"? A
estas alturas del siglo XXI, ¿puede alguien creer que la existencia y la
seguridad misma del Estado de Chile pueden verse comprometidas en este proceso
judicial? Es lo mismo que se preguntan los abogados, familiares y amigos de los
asesinados y torturados en Colonia Dignidad, cuyas cuarenta mil fichas aún son
mantenidas en secreto por Zepeda desde hace casi diez años, otra vez por "razones
de Seguridad de Estado". ¿Acaso no sabe todo Chile (incluyendo a estas
alturas a la "Corporación de Amigos de Colonia Dignidad") que allí se
torturó, violó y masacró a detenidos políticos y aun a colonos, aparte de los
innumerables actos de violencia contra niños? [Actualización abril de 2014: presionado por organizaciones de derechos humanos el juez Zepeda solo se decidió a hacer públicas esas fichas el 7 de abril de 2014, luego de mantenerlas en calidad de secretas desde 2005. Es decir, los sitios de memorias y agrupaciones de DD.HH. lanzaron la campaña
"No más archivos secretos", gracias a la cual Zepeda no pudo mantener
el velo que encubría la información relativa a horrorosos crímenes cometidos en
Colonia Dignidad y otros centros de tortura y muerte
(http://www.londres38.cl/1937/articles-95852_recurso_pdf)].
Ocho años después, en 2011, el juez Zepeda encausó como autores a dos
personas: el Coronel Pedro Espinoza
Bravo, quien para septiembre de 1973, con grado de Mayor, dependía del
General Lutz, por entonces director del Servicio de Inteligencia Militar (DINE,
más conocido como SIM), y el oficial naval (jubilado) de EEUU, el capitán de navío Ray E. Davis,
Comandante del Grupo de la Misión Militar de Estados Unidos en Chile al momento
del Golpe. Por último, en abril de 2012, la Corte Suprema dio curso a la
solicitud de extradición del estadounidense Ray Davis. El auto de procesamiento
(de 33 páginas) se puede leer aquí.
¿Asunto resuelto? Lamentablemente no.
Por una parte, aún hoy todo permanece nebuloso. Eso no lo digo yo; lo
dice alguien muy cercano a la parte querellante: aunque el caso aparenta avanzar,
“los detalles sobre su muerte [de Horman] y por qué fue asesinado aún están
nebulosos” (are still murky), ha señalado recientemente Peter Kornbluh, autor de The Pinochet File: A Declassified Dossier on
Atrocity and Accountability y ligado a la Fundación Horman. Ya en 2011,
tras conocerse el dictamen de Zepeda contra Davis y Espinoza, Kornbluh había subrayado que el juez aún tenía que presentar “evidencias concretas”.
Hasta Punto Final,
periódico ligado al MIR, se extrañó de que Zepeda no fundamentara ni dijera
nada sobre la actuación de Pedro Espinoza en su dictamen: “En la resolución de
33 páginas del ministro Zepeda no se revela el papel exacto que cumplió
Espinoza […] ni tampoco qué funciones tenía cuando ocurrieron los hechos”.
En un pasaje medular de su auto de procesamiento contra Espinoza y
Davis, el juez Zepeda señala que “la decisión de dar muerte a Charles Horman
Lazar, por tratarse de un detenido extranjero, se dispone por el Departamento
II del Estado Mayor de la Defensa Nacional, dependiente del General de Ejército
Augusto Lutz Urzúa, y se ejecuta por el Batallón de Inteligencia Militar o
Cuartel de Inteligencia del Ejército, a cargo de determinado oficial de esa
repartición [¿Pedro Espinoza?] encargado de supervigilar la ejecución de
detenidos”.
Esta
y otras flagrantes desprolijidades del juez Zepeda han llevado a pensar incluso
a personas cercanas a la parte querellante que (dejando de lado la invención
del supuesto “Batallón de Inteligencia”) el juez se puede haber confundido
entre el ahora Coronel Pedro Espinoza Bravo (pero en aquel entonces Mayor) y el
entonces Coronel Jaime Espinoza Ulloa, ex Comandante del Campo de Prisioneros
del Estadio Nacional, quien aparece ampliamente mencionado en el auto de
procesamiento, a diferencia de Pedro Espinoza Bravo. ¿Se “confundió” el
juez Zepeda? ¿Puede haber un juez tan incompetente como para llegar a tal
extremo? Naturalmente, las desprolijidades de Zepeda y su eventual
incompetencia corresponden ser evaluadas por sus pares del Poder Judicial. Pero
si no se equivocó, y efectivamente se propuso encausar como autores a Ray Davis
y a Pedro Espinoza sin aportar pruebas ni testimonio alguno al respecto, la
hipótesis de que simplemente haya escogido a un par de “figuras simbólicas” de
la doble mano involucrada en la muerte de Horman, es decir, agentes de
inteligencia estadounidenses y uniformados chilenos, no parece descabellada.
Cuando hablo de las “flagrantes desprolijidades” del juez Zepeda no
exagero. En su dictamen de 2003 incluso llega a decir que el cuerpo de Horman
fue ubicado en marzo de 1973, esto es, ¡seis meses antes de su muerte!: […] “Lo
que el funcionario militar cumple el día 21 de marzo de 1973, en horas de la
mañana, procediéndose, luego de preparar el cadáver, a su traslado a los
Estados Unidos de Norteamérica”[3].
No se trata de desprolijidades nimias, errores “de tipeo” o cosas por
el estilo, sino también de cosas que afectan la posibilidad misma de establecer
los hechos e impartir justicia. Prueba de ello es que al solicitar la
extradición de Ray Davis a Estados Unidos en 2011, no realizó las indagaciones
mínimas, pues de hecho el Sr. Davis
acaba de morir tranquilamente en Santiago de Chile el 30 de abril de 2013,
a los 88 años, como lo reveló en septiembre de este año el New York Times.
¿Cómo es posible que un juez de la República demande la extradición de
alguien que vive en Chile? Y lo que es peor: ¡que por su desidia no logre
detenerlo e interrogarlo cuando aún era posible hacerlo! Nuevamente, el reclamo no viene sólo de mi
parte. Joyce Horman (para todo efecto, la parte querellante) acaba de señalar
al New York Times: “How is it that no
one notified the Chilean court system or the U.S. Embassy that Ray Davis was in
Chile, when it now looks like he had been in Chile for a year or so?”. Para concluir, por cierto: “This is not normal”.
En lo que respecta al Coronel Pedro Espinoza, hasta ahora, que yo
sepa, sólo existe un indicio, cuya
verosimilitud, sin embargo, nunca ha sido comprobada, que lo liga al caso
Horman. Aparentemente Zepeda no lo conoce, porque no lo menciona en su auto
de procesamiento (aunque sí menciona otros documentos desclasificados que no
aluden a Espinoza). Se trata de un par de memorandos intercambiados por la
Embajada de Estados Unidos en Santiago y el Departamento de Estado (en
Washington) en 1987, desclasificados
en 1999, en que se hace mención a un oficial (al parecer ya retirado) de la
FFAA chilenas, quien se habría acercado a la embajada estadounidense en busca
de protección. En dicha ocasión, les aseguró a agentes de inteligencia
estadounidenses que Horman había sido llevado a la Escuela Militar, donde fue
interrogado, y posteriormente al Estadio Nacional, donde, según el informante,
fue asesinado al anochecer del 19 de septiembre por orden del Mayor Pedro
Espinoza Bravo. En esa ocasión Michael Armacost, funcionario del Departamento
de Estado, cuestionó la credibilidad del informante (cuyo nombre aparece
tachado en los dos documentos desclasificados), sin descartar, con todo,
enteramente su versión, y reconociendo que por primera vez se mencionaba a
Pedro Espinoza en este caso. Los memos en cuestión pueden consultarse en el
National Security Archive, de la George Washington University, aquí.
¿Quién fue tal informante? ¿Fueron sus declaraciones en 1987 una
simple triquiñuela para obtener apoyo de los estadounidenses, como ellos mismos
se preguntan en uno de los dos documentos desclasificados? No hay que olvidar
que a septiembre de 1973 el entonces Mayor Pedro Espinoza aún servía bajo las
órdenes del Gral. Lutz, quien, por su ética y su conocida cercanía con el
Gobierno legítimamente constituido del Presidente Allende, no hubiera dejado
pasar que un subalterno cometiera un crimen bajo su mando; si ese hubiera sido
el caso, probablemente lo habría llamado a retiro o lo habría sometido a un
Consejo de Guerra. Además, es un hecho acreditado que el 19 de septiembre el
cuerpo de Charles Horman ya estaba hacía 24 horas en refrigeración en el
Servicio Médico Legal. Por ahora, sólo el Departamento de Estado de los EEUU
está en condiciones de responder a la pregunta de quién fue ese informante de
1987, y hasta ahora no lo ha hecho. Obviamente la justicia chilena tiene que
solicitar al gobierno estadounidense que coopere con el caso y que revele el
nombre tachado del supuesto oficial chileno, para así interrogarlo si aún
estuviera vivo.
* * *
A 40 años del asesinato de Charles Horman, los procesos judiciales
abiertos en Estados Unidos y en Chile parecen estar en punto muerto. En Estados
Unidos el caso sigue sobreseído temporalmente, a la espera de nuevos
antecedentes que, al menos, el Departamento de Estado y los organismos de
inteligencia (léase principalmente la CIA) se niegan a entregar. En Chile,
aunque hay un par de acusados como autores, uno acaba de morir en Santiago sin
que el juez que lleva la causa lo hubiera siquiera interrogado (Ray Davis) y el
otro, a falta de antecedentes en el proceso, más bien parece haber sido
encausado por ser una figura emblemática de las violaciones a los derechos
humanos bajo la Dictadura (Espinoza Bravo) antes que por su eventual participación
en los hechos[4].
De paso, el juez ha intentado involucrarme, sin haber tenido yo ninguna participación
en el crimen, sino, al contrario, siendo el primero en haber alertado públicamente
en 1976 (y, de manera especial, a la propia familia Horman en 1979 por medio de
mi desclasificación) de la connivencia entre agentes de inteligencia
estadounidenses y uniformados chilenos en el caso. No cabe sino reiterar: la
justicia, en este y en todos los “casos”, no puede esperar infinitamente. Si
no, no hay justicia.
* * *
Más elementos sobre el caso Horman en
Chile pueden consultarse en la sección Algunos de los graves errores del juez Zepeda en el caso Horman.
[1] En una entrevista a Kissinger en 2001, con la periodista Elizabeth Farnsworth, se
puede leer: E. FARNSWORTH: You said to me that you hadn't
even known who Charles Horman or any, you didn't know about the Americans…? H.
KISSINGER: […] as far as I have been able to reconstruct, that issue did not reach my level until 1976. But
I could be wrong.
[2] Como
es sabido, la política exterior de los EE.UU. cuenta –y contaba por aquellos
años-- con numerosos detractores, y Henry Kissinger en particular ha sido uno
de los mayores responsables de esta animadversión global. Desafortunadamente
para mí, durante mi estancia en la Cancillería de Italia en Santiago parte del
personal de esta legación decidió aprovechar la visita de Kissinger a Santiago
de Chile en 1976 para provocar un escándalo que hiciera visible el
involucramiento y apoyo de los EE.UU. al golpe de estado y a la dictadura, y
para ello decidieron servirse de mi presencia en esa legación. Mientras me encontraba refugiado en la Cancillería de Italia,
fui obligado por dos funcionarios a decir que en la oficina del Gral. Lutz
había un norteamericano. De no hacerlo sería expulsado del recinto diplomático,
lo cual hubiera significado mi muerte inmediata, pues había orden, no de detenerme,
sino de disparar a matar, lo cual me fue informado indirectamente por Pablo
Navarrete, por entonces Subdirector de Inteligencia de Carabineros.
Una vez en el exilio le conté al Sr. Horman este hecho, y él me solicitó que no
lo hiciera público pues, aparte del juicio por dicha muerte, se iba a hacer una
película basada en el libro, que ya era un best-seller, y perjudicaría
gravemente sus intentos por conocer la participación de organismos de EE.UU. en
la muerte de su hijo. Le prometí no repetirlo a nadie, excepto si era llamado a
declarar a Tribunales, pues allí no mentiría. Edmund Horman se preocupó de que
sus abogados no me llamaran durante los cuatro meses que estuve en EEUU y
durante 30 años cumplí con lo que me solicitara Edmund Horman, no concediendo
ninguna entrevista respecto al caso Horman para no tener que mentir y para no
perjudicar el proceso judicial entablado por la familia en Estados Unidos. Al
ser preguntado al respecto en Tribunales chilenos, y a riesgo de presentar una
verdad discordante con la versión que me vi forzado a dar en la Cancillería de
Italia, respondí con la verdad: que no había ningún americano en la oficina. El
invento de que había un americano era tan burdo como la razón para saber que
era de ese país. Cuando me preguntaron cómo sabía que era un americano tuve que
decir que por sus zapatos ("that type of shoe is not found in
Chile"), a lo cual obviamente se me objetó que muchos chilenos viajan a
EEUU y podrían haberlos comprado ahí. Por lo demás, decir que no había tal
americano es algo que despeja una incógnita en la cual se hubiera podido gastar
tiempo y energía y que no hubiera llegado a nada porque no hubo tal americano.
Jamás hubiera hecho tal declaración voluntariamente, pues aparte de ser falsa,
me perjudicó enormemente, pues el gobierno temió que en caso, de otorgárseme el
salvoconducto, yo podría hacer más y peores declaraciones en su contra. Fue por
esta y otras razones que el ciudadano suizo Dr. Armin Kobel, representante para
América del Sur de la Cruz Roja Internacional, calificó mi estadía en la Cancillería de Italia como "un verdadero infierno".
[3] Esto se puede ver en la parte final
de mi auto de procesamiento del 2003.
[4] No
está de más recordar que el Subdirector de la DINA, desde su creación hasta
1976, fue el Coronel de Aviación Mario Jahn Barrera; sin embargo, en las
condenas a la cúpula de la DINA a menudo se incluye erróneamente a Pedro
Espinoza en ese cargo antes de 1976.
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